"Del patio a la plaza" fue un programa Medcampus que desarrollamos pensando en el proceso de irrupción de las mujeres desde el espacio público al político. Aquel pensamiento sigue teniendo plena vigencia para mujeres y hombres que hacen que sus elecciones cotidianas tengan cada vez más capacidad de influir en lo público y en lo político. En definitiva que sus vidas tengan mayor poder.
En las últimas semanas hemos asistido, de nuevo, al debate sobre cómo mejorar la autoridad docente del profesorado. Un tema, sin duda, importante para la educación. Se han vertido muchas opiniones, y hemos comprobado la añoranza que sienten algunos por situaciones propias de “otros tiempos” de triste recuerdo para este país. Lejos de ello, la autoridad docente del profesorado es una cuestión a tratar con rigor y sensibilidad, sin demagogia ni oportunismo.

Siempre he apoyado que un sistema educativo de calidad necesita un profesorado bien formado, reconocido, con excelentes condiciones de trabajo, al que se le reconozca su autoridad docente y su función social relevante. El profesorado es la pieza clave de la calidad de la enseñanza, la cabeza visible del sistema público y de la educación en general. Su reconocimiento, cualificación, prestigio y autoridad docentes son bases fundamentales para que el sistema educativo cumpla su misión de hacer efectivo el derecho a la educación de todo el alumnado viva donde viva y tenga las circunstancias sociales o personales que tenga.
Estamos ante un tema serio y complejo, y como tal hay que tratarlo. Y así lo hicimos en el Congreso de los Diputados hace unas semanas. No se puede reducir la autoridad docente al ámbito penal, como algunos pretenden, porque aplicada con todas las consecuencias, pudiera ser peligrosa y hasta contraria al funcionamiento que se exige de la educación en una sociedad democrática. El Código Penal ya reconoce el delito de atentado a los funcionarios públicos, con una pena de prisión de entre 1 y 3 años. Su reconocimiento como “autoridad pública”, que el partido Popular reclama, sólo serviría para incrementar las penas de cárcel de algún joven, no la “Auctoritas” docente.
Estoy convencida de que es imprescindible reforzar la autoridad del profesorado. Pero reforzar no es recuperar una vieja autoridad basada en el miedo y la prisión, propia de sistemas autoritarios. Es, por el contrario, afianzar una autoridad derivada del auténtico prestigio social del profesorado, fruto de una excelente cualificación para cumplir eficazmente su papel y poder granjease el aprecio social. Y no una autoridad derivada de incrementar las penas de cárcel. Una autoridad y prestigio social que se expresen en una carrera profesional que incentive las buenas prácticas y motive el trabajo en equipo. Y no con unas tarimas que los separe del alumnado.
Una autoridad y prestigio que conlleve la mejora de las condiciones de trabajo para que el objetivo de formar a todos los jóvenes, vivan donde vivan y tengan las condiciones culturales o sociales que tengan puedan llevarlas a cabo. Y ello se hace reforzando los centros públicos con profesorado de apoyo o con ratios de alumnos más bajas allí donde los índices de fracaso son mayores. No obligando a tratarles de usted.
Una autoridad consecuencia de la adopción de normas de convivencia en los centros escolares que mejoren el clima del centro, prevengan los comportamientos irrespetuosos y violentos, sancionen a quienes las contravengan, e incorporen como forma de funcionamiento la cultura de paz y la regulación pacífica de los conflictos. No una autoridad derivada de que los jóvenes pueden ser condenados a cárcel por sólo desobedecer una orden del profesorado. Una autoridad consecuencia de un gran pacto social con los padres y madres, con los medios de comunicación para reforzar el prestigio social de la función docente.
Medidas de esa naturaleza son las que pueden aumentar su autoridad y prestigio como docentes, como profesionales que ejercen una de las tareas fundamentales para nuestra sociedad: la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas.
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